Lunes , 1 de Octubre de 2007 |
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Todo funcionario público que por ley tenga atribuciones para interceptar cualquier tipo de comunicación, debe en todos los casos obtener previamente, por escrito autorización de un Juez de La República. Cualquier interceptación sin dicha autorización no tendrá validez alguna como medio de prueba. Así lo señala un proyecto de ley presentado al Congreso de la República por el senador Miguel Pinedo Vidal.
“Este proyecto de ley obedece a la necesidad de fortalecer y reiterar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos a su privacidad, los derechos humanos y el derecho a la intimidad”, señala el congresista Pinedo Vidal.
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