Señala el proyecto de ley que el que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare o porte armas de fuego de defensa personal y municiones, incurrirá en prisión de 6 a 8 años (actualmente la pena está entre 4 a 8 años). Además, la pena mínima anteriormente dispuesta se duplicará cuando la conducta se cometa en las siguientes circunstancias: 1) Utilizando medios motorizados; 2) Cuando el arma provenga de un delito; 3) Cuando se oponga resistencia en forma violenta a los requerimientos de las autoridades, y 4) Cuando se empleen máscaras o elementos similares que sirvan para ocultar la identidad o la dificulten.
También consigna el proyecto de ley que “el que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, repare, almacene, conserve, adquiera, suministre o porte armas o municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, o explosivos, incurrirá en prisión de 6 a 15 años”.
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