Martes , 30 de Noviembre de 2010 |
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La iniciativa presentada por el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas, busca que los desmovilizados sean judicializados, accediendo a beneficios relativos a su libertad siempre y cuando expongan la verdad completa “y no tengan delitos diferentes a aquellos por los que normalmente se juzga a quienes pertenecen a un grupo armado organizado al margen de la ley. De convertirse en instrumento legal este proyecto, el aporte a la lucha contra la impunidad será considerable, en razón a que existen unas 19.000 personas con vocación al procedimiento allí dispuesto y a quienes el Estado tiene la oportunidad de reforzar su proceso de reintegración a la vida civil”. Para ello, el Gobierno promoverá un Acuerdo de contribución a la verdad histórica y la reparación con aquellas personas que, habiéndose desmovilizado, hubieren incurrido únicamente en los delitos de concierto para delinquir simple o agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias y porte ilegal de armas y municiones, por hechos relacionados con su pertenencia a dichos grupos.
El Acuerdo de contribución a la verdad histórica y a la reparación “es un instrumento de transición para poner en vigor los principios de verdad, justicia y reparación, como complemento a los instrumentos jurídicos que se han establecido para tal efecto, y contribución al proceso de reconciliación nacional”.
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