La propuesta legislativa pretende fijar la edad de retiro forzoso en 70 años para los Magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura, “y “garantizar la continuidad en la prestación del servicio público de administración de justicia en beneficio de toda la sociedad, pues se mantendrían al servicio personas con el más alto nivel académico, cuya experiencia, madurez, ponderación, equilibrio, serenidad e independencia, adquiridos con la edad, son prenda de garantía de un desempeño eficaz, imparcial, eficiente y útil”.
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