Con este proyecto de ley “se propone darle un tratamiento a la objeción de conciencia como un derecho fundamental derivado del derecho de libertad de conciencia, según ha sido reconocido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional; derecho que, conforme con la literatura especializada del tema y la forma como está reconocido en el ordenamiento jurídico colombiano, debe ser entendido como una garantía individual que debe ser promovida, tutelada y amparada por el Estado”.
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