Se trata de una iniciativa presentada por el senador Honorio Galvis, que busca proteger a usuarios, clientes, empleados, consumidores, ahorradores, tarjetahabientes, y todos aquellos que en una relación contractual se constituyan como parte débil. Según el proyecto, el tamaño de la letra, caracteres, contraste y demás especificaciones técnicas para los contratos deberán corresponder a las formalidades mínimas determinadas por la Imprenta Nacional. Además, los contratos no podrán contener remisiones o llamadas en asteriscos a otros textos o reglamentos no incluidos literalmente en el contrato.
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