El proyecto presentado por los ministerios de Justicia y el de Relaciones Exteriores, busca ratificar la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, adoptada por la Conferencia Negociadora en París, República Francesa, el 21 de noviembre de 1997. Su objetivo principal es penalizar a las empresas y personas que, en sus transacciones comerciales, ofrezcan, prometan o den gratificaciones (como dinero y otros) a funcionarios públicos extranjeros, con el fin de beneficiarse en sus negocios.
Además establece medidas tendientes a su aplicación efectiva, a saber: establece responsabilidad penal para las personas jurídicas; le da la posibilidad a los tribunales nacionales para juzgar hechos cometidos en el extranjero, y provee asistencia legal a distintos Estados en el marco de las investigaciones que adelanten.
|
