El proyecto de ley establece que quienes tengan el permiso para la tenencia de armas de fuego en su residencia, porten este tipo de artefactos en lugares públicos o en lugares privados abiertos al publico, incurrirán en prisión de uno a cinco años, cancelación del permiso de porte y tenencia de dicha arma, y la imposibilidad por 20 años de obtener dicha autorización; siempre que la conducta aquí descrita no constituya delito sancionado con pena mayor.
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