Para el senador Carlos Enrique Soto, autor del proyecto, “todos los derechos políticos que tienen los servidores públicos están totalmente autorizados, pero que actualmente se encuentran castrados porque no existe norma alguna que regule el tema atinente a su participación activa en el ejercicio del poder político”. Debido a lo anterior, el proyecto de ley busca desarrollar el parágrafo 3 del artículo 127 de la Constitución, estableciendo las condiciones en las cuales los servidores públicos podrán participar en política. Las disposiciones contenidas en esta iniciativa no se aplicarán a los miembros de las corporaciones públicas: miembros de juntas administradoras locales, ediles, diputados, concejales, congresistas y ni a los empleados vinculados a sus unidades de apoyo normativo y unidades de trabajo legislativo.
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