La iniciativa busca dictar normas tendientes a la prevención del delito de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, mediante la creación del Sistema Nacional de Registro de Propiedades, en el cual se reportarán las señales de alerta relacionadas con la legalidad de los bienes muebles e inmuebles, sujetos a registro, ubicados en todo el territorio nacional. En dicho Sistema cualquier ciudadano podrá consultar, de manera gratuita, si la propiedad o el bien que va a adquirir o negociar, ubicados en cualquier lugar del territorio nacional, tiene origen o destinación lícita, es decir si ha sido adquirida con justo título, de acuerdo a los parámetros de los artículos 34 y 58 de la Carta Política.
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