Con el fin de conservar los principios de publicidad y la transparencia, el proyecto propone que los conciliadores se reúnan en alguno de los recintos de las comisiones constitucionales permanentes, donde se debatió la iniciativa; con la obligación de ser grabadas sus deliberaciones, a las cuales tendrá acceso cualquier ciudadano. La propuesta también plantea que las comisiones prepararán el texto que será sometido a consideración de las Cámaras en el término que les fijen sus Presidentes, el cual no podrá ser mayor a diez (10) días, ni menor a tres (3) días posteriores a la publicación.
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