La iniciativa pretende “facilitar la agremiación y asociación de los abogados en ejercicio, reconociendo su existencia y autorizando su funcionamiento como organizaciones de primer, segundo y tercer grado a nivel nacional, permitiendo que los profesionales del derecho que se dedican en forma exclusiva al oficio de actuar o ejercer independientemente, en nombre y representación de terceros ante las autoridades jurisdiccionales o administrativas y entidades particulares, se encuentren vinculados y asociados a organizaciones descentralizadas, reconocidas por el Estado, que permitan su participación, en igualdad de condiciones, para mantener la dignidad y el respeto en el ejercicio profesional, como también obtener capacitación y actualización en igualdad de condiciones con los funcionarios de la rama judicial y demás entes del Estado, permitiendo una recta, eficiente y justa administración de justicia”.
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