La iniciativa busca crear un marco jurídico por medio del cual se puede ejercer el derecho a la objeción de conciencia frente a determinadas obligaciones jurídicas, “como forma de respeto al proyecto de vida, sin alterar con ello el orden social justo que busca la Constitución Política”. La propuesta fundamenta la objeción de conciencia no solo en la libertad religiosa, sino también en el conjunto de normas humanistas que hacen del Estado Liberal un régimen pluralista, por eso los espacios para la objeción de conciencia se amplían para muchos casos como, por ejemplo, en el régimen laboral, educativo, en la prestación del servicio de salud y en la imposición de tareas en beneficio del Estado.
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