El proyecto propone que todos los municipios que tenga jurisdicción en playas, destinen los recursos para conformar el equipo humano del servicio público de salvavidas. El número de salvavidas se conformará de acuerdo a la afluencia de bañistas en la playa, el Gobierno Nacional reglamentaría la materia. Los salvavidas tendrán todos los derechos consagrados por la legislación laboral, además, deberán estar inscritos al sistema de seguridad social en pensiones, salud y riesgos profesionales.
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