El proyecto de ley pretende asegurar la provisión y el suministro, con efecto inmediato y progresivo, suficiente y oportuno, de alimentos, en aquellos grupos poblacionales y territorios que presentan mayor fragilidad y vulnerabilidad social en razón de su edad, bajos ingresos, ubicación en zonas de riesgo, desplazamiento e inseguridad alimentaria. De igual manera, busca orientar el curso de acción de la administración pública en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal para la garantía plena del derecho a la alimentación y a no padecer hambre.
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