Por tratarse la tierra de un recurso natural estratégico, escaso y esencial para el desarrollo y superviviencia de la Nación y con el fin de amparar la seguridad alimentaria y el orden público del país, el senador Juan Lozano presentó un proyecto con el propósito de que las personas jurídicas extranjeras o personas naturales extranjeras y las personas jurídicas nacionales con participación societaria extranjera, sólo puedan tener, a cualquier título, el derecho al uso o goce de propiedades rurales si su objeto social está encaminado únicamente a la construcción de proyectos de producción agrícola, ganadera o agroindustrial.
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