Jueves , 31 de Julio de 2008 |
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Se pretende a través de este proyecto de ley actualizar la legislación colombiana, en el sentido de introducir en el ordenamiento jurídico varias disposiciones que generen transparencia en el ejercicio de la función pública, así como nuevas provisiones que sean efectivas a la hora de luchar contra la corrupción. La iniciativa legislativa se divide de la siguiente manera: Principios rectores. Allí se reconoce a la moralidad administrativa como un derecho colectivo, el cual genera como obligaciones correlativas para los servidores públicos ejercer sus funciones de manera transparente y rendir cuentas de su gestión.
Mediada para la vigilancia de los servicios públicos. Se introduce un nuevo certificado que pretende unificar el conocimiento que la administración pública tiene acerca de los antecedentes disciplinarios, fiscales, contractuales, penales y de inhabilidades de las personas naturales y jurídicas. Este certificado será administrado por la Procuraduría, quien deberá expedir una copia del mismo a solicitud de las entidades públicas que pretendan contratar o nombrar a una persona. De igual manera, el certificado será requisito indispensable para la inscripción de candidatos, previa validación de la información por parte de la Registraduría. Inhabilidades especiales. Se consagra una inhabilidad especial derivada de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, la cual pretende evitar la “puerta giratoria” del sector público al sector privado. A través de esta figura, se asegura que las decisiones públicas no estén influenciadas por posibles beneficios al retirarse del cargo.
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