El ministro de Defensa Juan Manuel Santos presentó en el Congreso un proyecto de ley que tiene como objeto fortalecer el marco legal que permite a las agencias que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir adecuadamente con su misión constitucional y legal, estableciendo los limites y fines de sus actividades, los principios que las rigen, los mecanismos de control y supervisión, la regulación de sus bases de datos, la protección de sus miembros, el régimen de sus gastos, la coordinación y cooperación entre sus agencias y los deberes de colaboración de las entidades públicas y privadas entre otras disposiciones.
Según el proyecto de ley 178/07S las actividades de inteligencia y contrainteligencia estarán limitadas en su ejercicio al cumplimiento estricto de la Constitución, la ley, el respeto de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, y en especial al apego al principio de la reserva legal, que garantiza la protección de los derechos a la honra, al buen nombre, la intimidad personal y familiar y al debido proceso. Ninguna información de inteligencia y contrainteligencia podrá ser obtenida con fines diferentes de: preservar la convivencia democrática y garantizar la seguridad y defensa nacional; proteger a la población y las instituciones democráticas frente a amenazas tales como el terrorismo, el narcotráfico, el secuestro, el tráfico de armas, municiones y explosivos, y el lavado de activos, entre otras.
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