Miércoles , 25 de Marzo de 2009 |
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A través de esta iniciativa legislativa se busca proteger y otorgar beneficios a los servidores públicos y a cualquier ciudadano, que denuncie en forma sustentada la realización de actos de corrupción administrativa que ocurran en las entidades públicas, sea del orden Nacional o Territorial, particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, que presten servicios públicos a cargo del Estado de los contemplados en el artículo 366 de la Constitución o administren recursos de éste y a quienes administren fondos o bienes de la Nación y que puedan ser investigados y sancionados disciplinariamente.
Las quejas o denuncias presentadas serán calificadas y admitidas, siempre que estén referidas a hechos reales y que revelen entre otros, la indebida o ilegal administración o utilización de los bienes del estado. De otra parte, la recompensa a informantes se otorgará de comprobarse el resultado y la eficacia de la información. Esta última deberá ser certificada por la Procuraduría General de la Nación.
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