Según el proyecto de ley presentado por el ministerio del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, el que con destino a actividades fomentadas por el Estado obtenga crédito oficialmente regulado y no le de la aplicación a la que está destinado, incurrirá en prisión de 4 a 8 años. Añade la propuesta que el que obtenga un apoyo económico directo o incentivo, préstamo no reembolsable, desgravación o cualquier otra ayuda económica del Estado, de manera fraudulenta, incurrirá en prisión de 7 a 12 años.
De la misma manera, el servidor público que teniendo conocimiento de la alteración o simulación fraudulenta, otorgue el apoyo económico directo o incentivo, préstamo no reembolsable, desgravación o cualquier ayuda económica, incurrirá en la misma pena e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 5 a 10 años. PL-2009-N186S.
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