Los contratos con el Estado no están sujetos a prórrogas automáticas, dado que la Ley 80 de 1993 no establece esa posibilidad y su aplicación infringiría la exigencia legal de que el contrato se eleve a escrito, además de atentar contra los principios que rigen la contratación pública, y afectar en forma ilegítima los márgenes presupuestales que deben ser claramente programados en cada vigencia fiscal, en las instituciones del Estado.

Publicado por Artículo20 en: 2017/02/06
Consejo de Estado--2016-N