La Corporación exhortó al Ministerio de Salud para que adopte un plan que garantice un ágil acceso de los pacientes a información de salud sexual y reproductiva. La ESE demandada deberá pagarle a la víctima cerca de $37 millones, como reparación al daño antijurídico que le causó por haber violado su derecho a la libertad reproductiva.

Publicado por Artículo20 en: 2017/05/03
Consejo de Estado--2016-N