El Mandatario expuso que el decreto que delimita la Línea Negra en la Sierra Nevada obedece a una orden impartida por la Corte Constitucional a través del Auto 189 de 2013. Indicó que el decreto no vulnera la propiedad privada ni los derechos adquiridos de terceros y comunidades étnicas. Tampoco reglamenta ni modifica la consulta previa en el territorio y las comunidades indígenas allí no se convierten en autoridades ambientales y no pueden modificar el uso del suelo y el subsuelo. Del millón 700 mil hectáreas de la Sierra, los lugares cobijados por el decreto no suman más de 350 hectáreas.

Publicado por Artículo20 en: 2018/08/06
Presidencia--Comunicado--2018-N