La Sala precisó que el acto administrativo demandado no se expidió invocando ni haciendo uso de la facultad de revisión excepcional de los planes de ordenamiento territorial, reglamentada en los artículos 5 y 6 del Decreto 4002 de 2004, sino que, según su contenido, se expidió en uso de facultad de revisión general de que trata el artículo 28 de la Ley 388 de 1997.

Publicado por Artículo20 en: 2020/12/11
Consejo de Estado--2020-N