La expresión acusada es contraria a la protección al trabajo en todas sus modalidades que ordena el artículo 25 de la Constitución Política por establecer un requisito no exigible conforme a las normas constitucionales que regulan la legalidad del gasto público, por la confusión en que se incurre entre reconocimiento y pago de una obligación.

Publicado por Artículo20 en: 2013/06/12
Consejo de Estado- Sentencia-2013-N